Corte Suprema cajonea acción para hacer públicas declaraciones juradas

La Corte Suprema sigue sin integrar la Sala Constitucional para el análisis de la acción de inconstitucionalidad planteada hace ya un año y medio por la Contraloría para no publicar declaraciones juradas de políticos.

Los ministros de la máxima instancia judicial siguen sin resolver si integrarán o no la Sala Constitucional para analizar la acción de inconstitucionalidad planteada ya en julio de 2018 por la Contraloría General de la República para mantener a escondidas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.

La Corte debe resolver una acción de inconstitucionalidad que presentó en julio del año pasado el excontralor Enrique García para evitar dar cumplimiento a dos sentencias judiciales que ordenaban la publicación de estos documentos.

Las sentencias favorecieron al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien presentó acción judicial luego de que la Contraloría se negara a entregar los documentos.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por nuestro compañero de trabajo.

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El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia que había dado en primera instancia el magistrado Riquelme.

Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.

La excusa del entonces contralor para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que García trabó el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.

Decidieron ampliar, pero...

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El presidente de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó la ampliación de la Sala Constitucional al pleno de la máxima instancia judicial para analizar el caso, atendiendo la relevancia del mismo.

Sin embargo, la solicitud de ampliación terminó siendo utilizada como un elemento más de dilación.

La Sala Constitucional estaba conformada inicialmente para resolver este caso por Eugenio Jiménez Rolón, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica; estas últimas rechazaron las recusaciones en su contra a pesar de que sus declaraciones juradas están incluidas en las solicitudes de acceso a la información pública que originaron el caso que deben definir.

Tras el pedido de ampliación de Jiménez, el expediente debía ser trasladado a cada miembro de la máxima instancia judicial para que decida si integrarán o no la Sala Constitucional. Nadie supo explicar en el despacho de cuál de los ministros se encontraba el expediente que lleva ya casi dos meses trabado por este trámite.

Fiscalía dio visto bueno

La Fiscalía General del Estado dio a conocer un dictamen favorable a la publicidad de las declaraciones juradas y al rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada por García.

Ahora solo falta la resolución definitiva al caso.

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