El magistrado resolvió el 25 de noviembre pasado desestimar la denuncia contra el integrante del gabinete del Ejecutivo a pedido de la Fiscalía, detalló en entrevista con ABC Cardinal.

El juez dijo que la fiscala Stella Mary Cano fue la que pidió la desestimación de la denuncia –que fue hecha contra personas innominadas– porque sostuvo que Durand no tenía injerencia en las decisiones de la empresa, ya que pidió permiso en 2012 y vendió sus acciones en 2017.

Amarilla contó que en el reporte que le envió la fiscala se detallaron cuatro casos específicos de los denunciantes que acordaron realizar la medida en conjunto.

Lo que más llamó la atención en la situación fue que la misma fue hecha contra personas innominadas, pero todo apunta a que Durand fue el beneficiado central con esta desestimación.

“No se habla de ninguna otra persona (en el documento)”, detalló.

Cuatro de casi ochenta

Los denunciantes indicaron que nunca fueron notificados de la resolución del juez ni de la investigación que hizo la fiscala Cano. Existen unas 80 denuncias que hablan de un supuesto sistema de captación de dinero en el cual utilizan los contratos de adhesión como mecanismo de engaño.

Cano imputó por este caso a Fernando Román Fernández, dueño de Mocipar, por supuesta estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, y a Orlando Isidoro Benítez Barboza, empleado de la firma, por supuesta estafa.

Mientras tanto, Durand envió intimaciones a través de su abogado, el stronista Diego Lansac, a quienes –según el ministro– le están “difamando, calumniando e injuriando” en las redes sociales.

Los que recibieron el documento deben eliminar sus publicaciones y pedir disculpas o estarán expuestos a acciones judiciales.