La propuesta ordena fijar la trazabilidad de fondos en campañas electorales; exige cuentas bancarias auditables, así como la declaración jurada de bienes de cada candidato en las internas partidarias.

La propuesta, sin embargo, sería cajoneada hasta marzo de 2020, lo que imposibilitará su promulgación antes de las internas simultáneas del 12 de junio y las elecciones municipales del 8 de noviembre.

En ambos comicios se aplicará por primera vez el desbloqueo de listas sábana, proceso en que las candidaturas están más individualizadas y más propensas al dinero de origen ilegal.

La principal proyectista, Rocío Vallejo (Patria Querida), señaló que la propuesta modifica los artículos 64, 66, 68, 278 y 281 del Código Electoral Ley 834/96; su modificación: la ley de Financiamiento Político 4743/12; y la ampliación de controles partidarios en las internas con la Ley 6167/18. En este sentido, el proyecto propone que cada candidato realice una declaración jurada de los ingresos y gastos realizados durante la campaña y que los datos sean publicados en la web del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Agrega que la inexactitud o falsedad manifiesta, debidamente comprobada a través de un proceso, será sancionada con la privación al candidato infractor de su proclamación para las elecciones generales.

Igualmente, se establece la suspensión de participar en hasta dos elecciones internas de cualquier tipo.