El Estado deberá destinar ahora por año unos US$ 80 millones a los adultos mayores porque por ley se modificó la población beneficiaria (de 10.000 personas aumenta a 15.000). Anteriormente afectaba a quienes estaban en situación de pobreza y ahora incluye a personas en calidad de vulnerabilidad. El miércoles los diputados rechazaron el veto, con lo cual tuvo promulgación automática, y el Ejecutivo estará obligado a promulgarlo pero con la salvedad que no hay dinero en caja. En cinco años representará un gasto adicional de US$ 400 millones (ver más información página 11).

El senador Salyn Buzarquis (PLRA), uno de los proyectistas, lamentó que la ley esté sujeta a la disponibilidad de Hacienda. Dijo que mientras no se creen nuevos impuestos a productos dañinos para la salud, como el tabaco, alcohol, comida chatarra y actividades como juegos de azar, el régimen no está asegurado. Por otro lado, el pleno del Senado resolvió ayer rechazar un proyecto paralelo de pensiones a adultos mayores presentado por la diputada Blanca de Vargas (ANR, cartista).