Samaniego invocó su condición de presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de ser miembro de la Junta de Calificaciones de la Cancillería para pedir la investigación de la Contraloría General de la República (CGR).
La solicitud de Samaniego se da en un contexto en que varios políticos, entre ellos la legisladora oficialista, están promoviendo la modificación de la Ley 1335/99, Diplomática y Consular, para ampliar el cupo de nombramiento de operadores políticos en consulados y embajadas.
Samaniego en conferencia de prensa el martes pasado dijo que la Cancillería está pasando por “la crisis más profunda” y aseguró que la administración de Rivas Palacios no está pagando alquileres de sedes diplomáticas y salarios.
El canciller dijo que Relaciones Exteriores está cumpliendo con todos sus compromisos financieros, pese a haber recibido en agosto pasado una secretaría en difícil situación económica. Rivas Palacios, consultado el miércoles pasado, dijo que pedirá el veto de la ley modificatoria, en caso de que se sancione en el Congreso, de la Ley 1335. Defendió los concursos para ingresar a la carrera diplomática. Muchos políticos tienen a apadrinados en el servicio exterior.
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