La normativa, que será girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, amplía los controles a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y dar información, incluyendo a instituciones privadas, y actualiza la terminología para adaptarlas a los estándares internacionales.
La polémica surgió en torno al artículo 22 de la ley que dispone que “las personas físicas, los organismos y entidades del Estado, las entidades del sector privado, así como los sujetos obligados, deberán proveer toda la información relacionada con la materia legislada en la ley que les sea requerida por la autoridad de aplicación”.
El artículo se refiere también a que no se podrá oponer el deber de secreto bancario o tributario ni habrá reserva legal alguna. Esto fue considerado excesivo por algunos senadores como Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) y Enrique Riera (ANR, independiente), que advirtieron que iba contra el derecho a la privacidad previsto en la Constitución. Sin embargo, el artículo no fue modificado.
Silva Facetti destacó también que nuestro país estaba obligado a adaptar sus leyes debido a los compromisos asumidos tras suscribir acuerdos internacionales sobre combate al narcotráfico y la corrupción de carácter transnacional. Por esta norma, además se compromete a brindar información a otros países a través de bases de datos.
“Ninguna persona pública o privada podrá oponer el carácter reservado de la información solicitada por la Seprelad, ya que la misma está exceptuada del deber de secreto bancario, tributario o de otra naturaleza establecido en disposiciones legales”, dice un párrafo del artículo 22 de la ley que fue cuestionado por algunos senadores.