Debido a las múltiples chicanas y a la ayuda de la Corte Suprema de Justicia, este mes se puede dar la prescripción (10 años) del caso de supuesta corrupción ocurrida en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y que fue bautizado como “coquitos de oro”, en donde están acusados Camilo Ernesto Soares y Alfredo Guachiré.

Ya se había anunciado que desde la Sala Constitucional la ministra Miryam Peña le había dado una mano a Soares, cuando en mayo último admitió parcialmente una acción que promovió Soares contra la resolución del juez Paublino Escobar, confirmada en Cámara de Apelaciones, que elevó el caso a juicio oral.

Al voto de Peña se adhirió el ministro Manuel Ramírez Candia, quien siempre sostuvo que la inconstitucionalidad de la norma que declara el auto de elevación a juicio oral es inapelable.

El 15 de noviembre, otra Cámara de Apelaciones, tercera sala, tras recibir el expediente de la Corte Suprema de Justicia declaró que es inapelable el auto de elevación a juicio oral.

El tribunal de sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate, tras recibir oficialmente el expediente el 20 de diciembre, fijó en ese mismo día la realización del juicio oral para el 3 de febrero de 2020.

Zárate dijo que este año, procesalmente era imposible realizar la audiencia pública por los plazos existentes, ya que se deben utilizar 5 días hábiles para establecer la fecha del juicio.

El juicio oral para Soares ya debió comenzar el 8 de febrero de 2017, pero entonces la ministra Peña había solicitado el expediente para tramitar incidentes propuestos por la defensa.

Casualidad o no en la morosidad judicial y cobertura jurídica para provocar la impunidad, la ministra Peña es hermana del actual ministro del Interior, Euclides Acevedo, y este a su vez es del equipo de abogados que también integran Alvaro Arias y el excontralor general Enrique García, cuyo estudio jurídico defiende a Soares.

Arias es quien está al frente de la defensa técnica del citado exministro de la SEN, donde, según la acusación de la fiscala Victoria Acuña, el Estado fue perjudicado en G. 1.224.976.100 por compras sobrefacturadas iniciadas el 16 de diciembre de 2009.

En la causa se promovieron numerosas chicanas para dilatar el caso. El hecho se debe tener en cuenta para alargar el plazo de la prescripción.