Abuchean a jueza que negó prisión contra Zacarías Irún

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Los escrachadores llenaron la residencia de la jueza Cinthia Garcete Urunaga con papel higiénico y basura, ayer de tarde.
Los escrachadores llenaron la residencia de la jueza Cinthia Garcete Urunaga con papel higiénico y basura, ayer de tarde.Archivo, ABC Color

Ciudadanos autoconvocados repudiaron ayer de tarde a la jueza Cinthia Garcete Urunaga por rechazar el pedido fiscal de prisión preventiva contra el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), imputado por corrupción. Fue frente a su residencia situada en el barrio San José de Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra Redacción Regional). Los manifestantes llegaron frente al domicilio de la jueza Penal de Garantías de esta capital departamental, Cinthia Garcete Urunaga, alrededor de las 19:30 y arrojaron papel higiénico y basura frente al inmueble como señal de repudio por beneficiar al senador Zacarías Irún con las medidas alternativas a la prisión.

Los autoconvocados permanecieron unos cinco minutos frente a la casa de la magistrada, hasta que aparecieron efectivos policiales para custodiar la residencia.

Los escrachadores anunciaron que “no dejarán en paz” a los jueces que benefician a los Zacarías en sus causas judiciales.

El 27 de diciembre del año pasado, la jueza Cinthia Garcete Urunaga otorgó al senador Javier Zacarías Irún la libertad ambulatoria, pese a que la Fiscalía había solicitado su prisión preventiva por obstruir la investigación del caso “Frontera Producciones”.

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Dispuso que el senador no abandone el país, que no cambie de domicilio y que comparezca mensualmente al juzgado para firmar el libro judicial.

La magistrada incluso puso su mano en el fuego por el legislador cartista y sostuvo que “ya no hay peligro” de que obstruya nuevamente las pesquisas.

Los antecedentes

Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod de Zacarías, exintendente de Ciudad del Este, fueron imputados por supuestamente desviar G. 2.174 millones de la Municipalidad para destinarlos a su campaña electoral en los comicios municipales de 2015.

La empresa “Frontera Producciones”, perteneciente al coimputado Carlos Darío Bordón Bottino, fue usada en el esquema mediante millonarias adjudicaciones de licitaciones para servicio de publicidad.

Otras siete personas también se encuentran procesadas por el caso.