En conversación con radio ABC Cardinal, el actual viceministro de Tributación, Oscar Orué, confirmó que Marta González Ayala fue la única persona que ocupó el cargo que se autoasignó el cobro de la redistribución de las multas percibidas por la institución.
Documentos públicos a los que tuvo acceso ABC Color revelan que entre 2015 y 2018, González se autoasignó más de G. 700 millones de las multas.
Oscar Orué señaló que la administración anterior “entendía que los funcionarios públicos, ergo, todos los funcionarios de Tributación, incluida la viceministra, podían percibir; porque el artículo 239 de la Ley 2.421 dice que los denunciantes y los funcionarios de Tributación –en nombre de esos denunciantes– van a cobrar de manera equitativa hasta el 50%”.
González se valió de una interpretación de la Ley 2.421 para autoadjudicarse las jugosas recompensas. La señalada legislación establece que los denunciantes actuaban en nombre y representación de todos los funcionarios de la administración tributaria. Precisamente por eso el pago no podría corresponder a quien ocupa el cargo de viceministro de Tributación.
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La Ley 1626 de la Función Pública establece claramente en su artículo 2 que los ministros y viceministros no son funcionarios.
Además, quien ocupa el puesto de viceministro es el encargado de juzgar y no actúa como denunciante.
Espera que se investigue
Aunque confirmó que la actual administración decidió modificar la redistribución de las multas, Orué no quiso decir si los cobros que realizó González Ayala eran o no legales, aunque los calificó de inmorales.
El actual viceministro de Tributación señaló que se debe dejar a organismos como la Contraloría General de la República o a la auditoría interna ver si existen irregularidades.
“Lo que podemos hacer es consultar a los órganos competentes respecto al tema que corresponde a los cobros de salarios. En Hacienda hay una dirección de bienes personales y servicios al Estado; podemos ver eso con mucho gusto y sacarnos las dudas, porque ese argumento que yo leí hoy (ayer) en el diario es un argumento nuevo y los organismos del Estado deberían tomar esto como una denuncia e investigar”, concluyó.
G. 700 millones de 2015 a 2018
Entre 2015 y 2018, Marta González Ayala recibió en total G. 700.601.759 en concepto de redistribución de las multas cobradas por la SET a infractores, según documentos oficiales a los que tuvo acceso ABC Color.
La entonces viceministra se valió de una interpretación de la Ley 2421 para autoadjudicarse las jugosas recompensas como “denunciante” cuando su función era la de juzgar.