Recién a la vuelta del reinicio de las actividades parlamentarias (1 de marzo) se retomará el estudio del punto. La mesa directiva deberá resolver incluir entre los puntos del orden del día la constitución de la comisión especial que analizará las causales de intervención.

La Junta Municipal de Concepción acusa a Urbieta de irregularidades como pedir un préstamo de G. 4.000 millones para “obras” pero que se usaron en salarios y transferencias directas a comisiones vecinales.

También por un contrato con la firma Conserpar por unos G. 8.000 millones en el 2016, sin que hasta la fecha hayan terminado las obras anunciadas en el proyecto.

Urbieta se encuentra imputado por desacato judicial por negarse a dar información pública. También está procesado por lesión de confianza y apropiación de descuentos salariales de aportes que no eran depositados. Así también arrastra denuncias por presunta malversación de fondos del Fonacide.