Advierte que el dinero destruye la política

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El Partido Colorado tiene mayoría suficiente para impedir la aprobación de la ley de trazabilidad del financiamiento político. En la foto, diputados  colorados.
El Partido Colorado tiene mayoría suficiente para impedir la aprobación de la ley de trazabilidad del financiamiento político. En la foto, diputados colorados.Archivo, ABC Color

BERLÍN (EFE). La influencia sin cortapisas del poder económico sobre el político y las guerras son los grandes catalizadores de la corrupción reveló ayer la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual, en la que sitúa en la franja crítica al 67% de los 180 países analizados.

La presidenta de la ONG, la argentina Delia Ferreira, sostiene que los Gobiernos deben afrontar urgentemente el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos y “acabar con su influencia en nuestros sistemas políticos”.

En el texto del informe de TI se enfatiza que “es esencial mantener al ‘gran dinero’ fuera de la política para asegurar que los procesos de decisión se hagan en favor de la ciudadanía y para limitar las opciones de la corrupción”.

En riesgo está, advierte la organización, la democracia en su conjunto. TI se permite aquí una nota de optimismo al apuntar que “los movimientos anticorrupción en todo el mundo ganaron fuerza porque millones de personas se juntaron para denunciar la corrupción de sus gobiernos”.

También critica que el G7 no ejerza de líder en este ámbito: con respecto al año pasado Canadá ha perdido cuatro puntos, Reino Unido, tres y Estados Unidos, dos. Alemania y Japón están estancados e Italia, el peor clasificado de este grupo, gana un entero. “La falta de progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante y tienen un profundo impacto negativo sobre los ciudadanos de todo el mundo”, valora Patricia Moreira, directora gerente de Transparencia Internacional.

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En nuestro país, el Partido Colorado se ha convertido en la principal traba para aprobar en el Congreso la ley de trazabilidad del financiamiento político.