Mencionó, como ejemplo, a los intendentes denunciados por hechos fehacientemente comprobados de corrupción que fueron blanqueados y salvados de la destitución en la Cámara de Diputados y el caso del imputado senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), cuyo proceso está congelado, sin que sea investigado y sin que tampoco se recupere lo robado.
Arrúa consideró que otros índices pueden ir cambiando si la ciudadanía se involucra en mayor medida. Al respecto, dijo que será muy importante lo que ocurra en las próximas elecciones municipales, con las listas desbloqueadas y la posibilidad de cambios en las Juntas Municipales para que ocupen cargos más gente honesta y trabajadora para que haya un control más eficiente.
En cuanto a las responsabilidades por la percepción negativa sobre nuestro país dijo que recae sobre todo en el Poder Judicial. Apuntó que en el Ministerio Público hay fiscales que son denunciados sistemáticamente por hechos de corrupción y, sin embargo, se mantienen en sus cargos, a lo sumo se los cambia de lugar, en vez de investigarlos y sancionarlos.
Indicó que, si bien muchos políticos se involucran en las designaciones en la Justicia, desde la Corte Suprema se pueden impulsar acciones para poner fin a esta situación. Sobre los famosos “telefonazos” para pedir sentencias a medida, Arrúa dijo que eso lo pueden denunciar y hacer lo correcto de todas maneras, aunque sea más fácil entrar “en la rosca”, quedarse callado y beneficiarse.
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