Esto se dio luego de que el abogado Guillermo Ferreiro y su cliente Mario Ferreiro se entrevistaran con la fiscala Quiñónez el lunes pasado cuando le entregaron varios audios donde se escuchaba a Camilo Soares decir que iba a masacrar a Ferreiro.

En los audios se oye a Soares conversar con otra persona, que no fue identificada, donde relataba que tenía un plan A y otro B, para fundir al entonces intendente Ferreiro. También se oye que Soares dice que ya tienen al fiscal para que realice la investigación contra Ferreiro y habló que tenía todo el apoyo de Horacio, que según se cree sería el expresidente de la República Horacio Cartes, con quien estaría teniendo contacto permanente por este caso en particular.

En esa entrevista también los Ferreiro señalaron que tenían muchos cuestionamientos sobre la labor que le cupo a la fiscala Cano en la investigación y hablaron de una imputación sin fundamentos jurídicos y malos manejos de pruebas y evidencias.

Ante todas estas denuncias y dudas sobre el proceder de la agente fiscal fue que la fiscala general del Estado dijo que se auditará la presente causa. También adelantó que va a nombrar a un fiscal para que lleve a cabo esa tarea.

Sin embargo, hasta el momento no se dio a conocer si ya se inició la auditoría de gestión, ni tampoco si ya está designado el agente del Ministerio Público que llevará a cabo la misión.

La defensa del exintendente basa la mayoría de sus cuestionamientos en que la imputación de Mario Ferreiro se dio con base principalmente en las denuncias que hizo Camilo Soares, sobre un supuesto grupo de chat llamado “asado de fin de semana” donde quedó demostrado que iban “apretando” a personas y empresas para recaudar dinero que nunca ingresó a la Municipalidad.

Sin embargo, la defensa asegura que ese chat no existe y nunca existió, es más están seguros que el Ministerio Público no tiene el teléfono donde estarían esos mensajes. El abogado Ferreiro ya solicitó dos veces a la fiscala que le exhiba el celular y ella se negó, dijo.

En contrapartida, la fiscala alega que las pruebas están en su despacho lacradas y bajo segura custodia y llegado el momento serán peritadas con la presencia de las partes.