El presidente Mario Abdo Benítez retiró el 2 de diciembre pasado del Congreso el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental.

El arzobispo de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, denunció en su momento que el acuerdo permitirá legalizar cuestiones como el aborto y la “ideología de género”.

Conforme a fuentes, el Ejecutivo remitirá el documento la primera semana de marzo, en el reinicio de la actividad parlamentaria.

El acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Este acuerdo materializa el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que menciona: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”.

Igualmente, es un acuerdo que busca garantizar la protección de “personas o grupos en situación de vulnerabilidad”.

A finales de diciembre, el canciller se reunió con autoridades de la Iglesia Católica, con miembros de grupos evangélicos y de organizaciones ‘pro vida’, a quienes aclaró que el Acuerdo Escazú no implica que se acepte el aborto, el matrimonio gay o la eutanasia.

Valenzuela admitió que desconocían si el referido acuerdo aceptaban otros pactos anteriores en sus “principios y declaraciones”.