Finalmente, la ministra de la Corte Bareiro de Módica decidió apartarse por “decoro” del estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no hacer públicas las declaraciones juradas (DD.JJ.) de las más altas autoridades de la República de las últimas dos décadas.
Con esta resolución, el pleno de la máxima instancia judicial tiene vía libre para dictar la sentencia en un caso que está parado hace ya casi dos años.
Sin embargo, la cuarentena establecida como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus es utilizada como excusa para no dar resolución.
Herramienta de control
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Precisamente, en un momento en el que el Gobierno promulgó una ley de emergencia que permitirá al Estado adquirir millonarios préstamos y realizar compras por la vía de la excepción, con el alto riesgo de corrupción que ello implica, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría servir como herramienta de control para quienes administran el dinero de los ciudadanos.
Aún así, la Corte sigue dilatando la resolución.
“Imposible integrar”
Alberto Martínez Simón, titular de la Corte, dijo que ahora no se puede integrar el pleno de la máxima instancia judicial para resolver la acción. “Ahora imposible integrar. Se apartó la doctora Bareiro y el doctor Juan Carlos Paredes. Está para consulta de integración con la doctora Buongermini”, puntualizó ayer Martínez Simón.
El ministro indicó que si María Mercedes Buongermini, del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Tercera Sala de Asunción, acepta integrar el pleno, tocará completar la conformación con un magistrado más. “Pero no vienen pues”, acotó. “Entonces va a tener que ser después de la cuarentena”, puntualizó.
La superintendencia convocó a los magistrados para retirar expedientes entre el 30 y 31 de este mes; y aún así un caso de vital importancia no es tenido en cuenta.
Precisamente Martínez Simón fue el principal impulsor de la implementación del expediente electrónico en el Poder Judicial, y ahora se escuda en la imposibilidad física para hacer avanzar el primer caso de Acceso a la Información Pública que llega a la Corte desde que se promulgó la Ley 5282.