El alto tribunal delegó a dicho consejo la administración presupuestaria, contable y patrimonial del Poder Judicial. El objetivo fue precisamente liberar a los ministros de las cuestiones administrativas, para que puedan dedicar más tiempo a la gestión jurisdiccional.
Sin embargo, las funciones del Consejo de Administración se duplica con las de la Dirección General de Administración y Finanzas y otras dependencias, que figuran en el Presupuesto de la Nacional.
La Corte, pese a la reiteradas críticas, nunca se animó a eliminar el referido Consejo, atendiendo que hay algunos ministros que apoyan que el mismo siga.
Sin embargo, ahora el pleno conformó una comisión que se encargará de la reestructuración del CAJ y de otras áreas administrativas “a fin de lograr mayor ahorro y optimización en los costos operativos institucionales”.
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Se conformó una comisión integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Antonio Fretes y Luis María Benítez. Este último se autoasignó como expresidente de la Corte, según se pudo ver en la plenaria que fue trasmitida.
Los consejeros llegaron a ganar más de G. 40 millones, casi como los ministros de la Corte. Después tuvieron recortes importantes en gastos de representación y otros.
Actualmente conforma el CAJ, Roberto Torres, Luz Antúnez y Alberto Martínez. Edward Vittone también formaba parte del Consejo, pero fue nombrado miembro del Tribunal de Cuentas por la Corte Suprema.
En algún momento, los consejeros se autoasignaron G. 3 millones para combustible y G. 1 millón para pago de teléfono. Además conformaron toda una estructura, que le cuesta al Estado millones de guaraníes al año, que debería ser redireccionado.