Documentos internos del lado paraguayo de Itaipú revelan que entre los años 2012 y 2013, la entidad firmó un acuerdo conciliatorio para reponer en sus puestos a 115 funcionarios en total que habían sido desvinculados, lo que le costó a la empresa más de G. 84.369 millones (unos US$ 19,8 millones).
Una auditoría encargada al perito Miguel Ángel Arriola Ibáñez en 2014, dictaminó que los pagos habían sido totalmente irregulares. El informe fue cajoneado por las administraciones posteriores de la binacional al igual que una denuncia presentada ante la Fiscalía.
El acuerdo fue firmado durante la administración del director Franklin Boccia (+) y cuando el actual senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) era director jurídico de la institución. La conciliación fue firmada a fin de frenar las millonarias demandas que habían sido presentadas por las personas desvinculadas masivamente.
Contra resoluciones
El informe del perito señala que las readmisiones fueron hechas en contra de una resolución del Consejo de Administración de la binacional, la cual estableció que la margen derecha (Paraguay) debía tener como máximo 1.850 funcionarios; además contrariaba varias resoluciones más que ponían tope a las enajenaciones que se podían realizar.
Asimismo, las notas internas revisadas por el experto revelan que la binacional no tenía presupuestado el millonario monto que tuvo que desembolsar por esas reincorporaciones.
Trabajaron solo meses y cobraron millonarias sumas
Además de que las readmisiones de empleados, que nunca fueron revertidas por las administraciones posteriores de Itaipú, representaron un millonario gasto para la entidad, también llaman la atención los exorbitantes montos que se abonó a algunos funcionarios que fueron apartados con pocos meses de antigüedad.
El perito cita como ejemplo el caso de Roque Ortiz Jara, quien trabajó apenas tres meses en Itaipú y permaneció inactivo durante cuatro años y 11 meses, cobrando en concepto de sueldos caídos más de G. 811 millones.
Por su parte, Claudia Solaeche de Irala trabajó siete meses, estuvo inactiva cuatro años y siete meses y cobró G. 742 millones de salarios caídos.
Diego Fernando Rojas trabajó apenas ocho meses y estuvo inactivo casi cinco años, cobró por sueldos caídos G. 663 millones.
Rodrigo Eduardo Chaparro Moraes trabajó apenas seis meses y estuvo inactivo más de cuatro años, luego cobró G. 870 millones.