La Cámara de Diputados en su última sesión extraordinaria del martes pasado había aplazado por tres semanas el tratamiento del proyecto de ley de “tijerazo” a los gastos superfluos y privilegios en entes públicos y binacionales para altos cargos. Oficialistas y colorados cartistas despotricaron contra la iniciativa que, entre otros puntos, ordena recortar los salarios hasta equipararlos con el sueldo del Presidente de la República (G. 37 millones).
Entre otros recortes se prohíbe la contratación de un seguro médico privado para toda autoridad pública de rango superior, además de los vales de combustible para toda autoridad de rango superior, salvo para actos oficiales. Igualmente, la adquisición de servicio de telefonía celular para funcionario de rango superior, exceptuándose los corporativos institucionales.
Con la norma con media sanción del Senado, se busca también eliminar la contratación de proveedoras de alimentos, ya sean bocaditos, regalos, bebidas, arreglos florales, tarjetas de invitación de eventos o de felicitaciones. Sin embargo, se exceptúan capacitaciones, fiestas patrias, toma de mandos y agasajo a las autoridades extranjeras.