El fiscal Osmar Legal confirmó ayer que junto a sus colegas Federico Delfino y Alicia Sapriza, apelaron la decisión del juez Rolando Duarte. El magistrado había ordenado el 30 de abril pasado, la reclusión domiciliaria de Melgarejo y otros funcionarios implicados en la compra sobrefacturada de tapabocas por la Dinac.
Para fiscalía hay sospecha suficiente de que Melgarejo Ginard es autor de un hecho punible grave, en razón de que las conductas que se le atribuyen implican el dominio de acciones que habrían generado un perjuicio patrimonial a la Dinac, más aún en época de emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del covid-19.
“No caben dudas de que es imprescindible asegurar el sometimiento del imputado al proceso, por la magnitud del hecho. Asimismo, las conductas que se le atribuyen están respaldas por un importante caudal de informes de instituciones públicas y privadas. También se debe enfatizar la incautación de evidencia física relevante para la viabilidad del caso penal en curso”, apuntaron.
Agregaron que la posibilidad de obstrucción investigativa por parte de Melgarejo Ginard es real. “En tal sentido, la actitud y conducta del exfuncionario público quedó exteriorizada cuando, en el contexto de conversaciones mantenidas con Ignacio Pidal y ante desacuerdo con este, sobre la compra de tapabocas, este según sus versiones habría recibido amenazas de parte de Melgarejo contra su familia. Estas circunstancias son de público conocimiento e impacto, y fueron difundidas por medios de comunicación”, dijeron.
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Sin embargo, el argumento del Ministerio Público no fue considerado por el juez.
También fueron beneficiados con la misma medida los procesados, Juan Carlos Turitich, exgerente financiero de Dinac; Marcelo Rubén Ovelar González, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; Luz Chamorro Báez, exgerente administrativa y Fernando Gallardo de Brix, exadministrador del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Fueron declarados en rebeldía Katherina Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, dueños de la firma Global, de la cual la Dinac adquirió 4 mil tapabocas por casi G. 120 millones. Las mismas fueron sobrefacturadas y se habría causado perjuicio de G. 56.960.000 a la Dinac.
Un “juez amigo”
El juez fue muy criticado, sobre todo en redes sociales donde se lo vinculó con el vicepresidente Hugo Velázquez, debido a que el hermano del magistrado, el abogado Juan Carlos Duarte es del primer anillo de segundo del Ejecutivo, que tendría estrecho vínculo con Melgarejo.