Quiñónez remitió a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) una nota en la que expone su parecer respecto al proyecto de ley que recorta los gastos superfluos y privilegios a funcionarios de rango superior.
Con respecto al artículo 4° en el que se establece que ningún funcionario podrá percibir una remuneración superior al del presidente de la República (G. 37 millones), Quiñónez señala que amerita que se haga un estudio exhaustivo a la luz de los derechos y principios constitucionales, en aras de precautelar los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, máxime considerando que podría representar una modificación medular de las condiciones laborales de los funcionarios.
Asimismo, dentro del mismo artículo rechaza el límite de viajes para funcionarios públicos y pide que el Ministerio Público sea exceptuado de la ley bajo el argumento de la importancia que tendrá para la institución participar de viajes internacionales en las que se coordinan los trabajos para hacer frente a los delitos transnacionales y el crimen organizado. Quiñónez también menciona a reuniones, cursos y capacitaciones en materia de cooperación internacional e intercambio de información en diferentes tipos de hechos como lavado de dinero, narcotráfico, delitos informáticos, delitos contra la corrupción, trata de personas, violencia de género, entre otros. “Limitar al Ministerio Publico a tres reuniones sería un despropósito pues el trabajo realizado en determinada especialidad por una persona debe ser continuado y actualizado de manera constante. El país perdería la posibilidad de que sus autoridades puedan estar actualizadas en las nuevas tipologías delictivas que van surgiendo en los distintos países, limitaría la posibilidad de adelantarnos previendo situaciones que ya se dieron en otros países, preparándonos para el momento en que la tipología delictiva se produzca, esto se ve constantemente, en materia de pornografía infantil, trata de personas, delitos informáticos, y derechos humanos entre otros”, dice.
Nombramiento
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Con respecto al artículo 6° que limita a un máximo de tres asesores para que sean contratados o nombrados, pide que la Fiscalía sea exceptuada considerando que dicho parámetro “no es suficiente y razonable para la satisfacción de las necesidades institucionales”. Habla de la necesidad de contar con especialistas en diferentes áreas como: en análisis de ADN, análisis de grafología, huellografía, medioambiente, levantamiento forense, cámara Gesell, asesorías en lo que respecta al crimen organizado, derechos humanos, entre otros. En el artículo 10, Quiñónez cuestiona la calificación del delito de lesión de confianza por el incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones de la noma sin la exigencia del perjuicio (resultado) así como se requiere la norma penal, por lo que considera incompatible. Añade que el proyecto de ley quebranta el “principio de legalidad material” consagrada en la Constitución.
Con respecto a que la Fiscalía de oficio debe investigar una denuncia, señala que es innecesaria porque es el rol constitucional que tiene el Ministerio Público.
Diputados elevó gastos superfluos
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles último, y en plena pandemia por el covid-19, una millonaria modificación presupuestaria de G. 21.086 millones para la Fiscalía General del Estado, en donde estaban contemplados algunos gastos superfluos, como servicio de ceremonial y pasajes y viáticos.
Diputados abdistas, cartistas y llanistas dieron media sanción al proyecto de modificación presupuestaria antes de que se estudie el proyecto de ley que recorta los gastos superfluos y que será remitido a la Cámara de Senadores.
Los senadores tendrán la última palabra, ya que la norma conocida como “Ley Godoy” fue aprobada en Senadores por más de 41 votos.