La comisión bicameral, presidida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ), en una votación de cuatro contra tres, resolvió mantener el texto del proyecto de ley en cuanto a los marcos penales de 1 a 15 años para los hechos punibles de lesión de confianza y estafa al Estado.
El organismo hizo modificaciones en cuanto al delito de estafa. Por ejemplo: se considera un caso especialmente grave cuando el autor o partícipe, a sabiendas: a) actúe comercialmente o como miembro de una banda que se ha integrado para la comisión continuada de producción de documentos no auténticos o estafas.
Se le agregó también que es especialmente grave cuando se ocasiona un perjuicio patrimonial de gran cuantía, se conduzca a un gran número de personas al peligro de la cesación de pagos o a la insolvencia, mediante la comisión continuada de estafas, y provoque la indigencia de la víctima.
Para quienes perjudiquen el patrimonio del Estado se aplicará lo dispuesto en los artículos 57 y 94, lo cual se mantiene igual.
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En cuanto al delito de lesión de confianza, un caso especialmente grave se presenta también cuando el autor o partícipe, a sabiendas: a) ocasione un perjuicio patrimonial de gran cuantía o conduzca a un gran número de personas al peligro de la cesación de pagos o la insolvencia, provoque la indigencia de la víctima, o perjudique el patrimonio del Estado. En los dos primeros incisos se realizaron modificaciones. Se mantiene que no se aplicará lo dispuesto en este inciso cuando el hecho se refiera a un valor menor a diez jornales (G. 843.400). En estos casos se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94.
Inicialmente la votación en mayoría fue por modificar el marco penal para los hechos punibles de lesión de confianza y estafa de 1 hasta 10 años. La propuesta fue realizada por representantes de Defensa Pública; a esta moción se sumaron los representantes de la Fiscalía, el Ejecutivo y la Corte.
La jueza Claudia Criscioni alertó a la comisión que al dejar el marco penal hasta 10 años más los concursos reales, en realidad lo que lograrían sería bajar la pena, que ya podía llegar a 15. Manifestó que ello no era lo correcto. La jueza Yolanda Morel rectificó su voto y se sumó a la propuesta de elevar a los 15 años. En tanto, el abogado Marcos Köhn Gallardo, en representación del Ejecutivo, dudó de que los operadores de la justicia cambien mágicamente con los 15 años.
Critican corrupción en municipios
El senador Enrique Bacchetta (ANR-Añetete) dijo que deben dar señales y que el mal de la corrupción es endémico, que también afecta a municipios. Afirmó en cuanto a los royalties, que es “asqueroso” como se los maneja. Recordemos que la decisión de establecer el uso del 80% de esos fondos en infraestructura es una mentira y que la chequera de la intendencia se usa como cuenta corriente personal. “Realmente me da asco porque al final es lamentable con todo el dinero que manejan, que tengamos que tener ciudades como las que tenemos y no solo se priva de salud”, indicó.