El grupo de 15 diputados opositores argumentan el pedido señalando que el nuevo coronavirus desnudó la incompetencia de la funcionaria de Estado desde que asumió el cargo, tomando decisiones cuestionables desde el punto de vista ético y jurídico.
Diputados precisa de mayoría simple (mitad más uno de los presentes) para aceptar el proyecto de resolución y una vez que se apruebe la citación, Bacigalupo será convocada por el pleno donde deberá responder a los varios cuestionamientos.
Se le requerirá sobre la norma jurídica en la cual se amparó para sostener que el Ministerio de Trabajo no aceptaría la suspensión de los contratos de trabajo, comunicada por los empleadores, al decretarse la cuarentena por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del covid-19.
Así también, en qué norma jurídica se establece como condición para la aceptación del pedido de suspensión del contrato de trabajo, el 50% del salario de los trabajadores, como exigió, según el documento, en su carácter de ministra para otorgar las suspensiones de contratos de trabajo comunicadas por los empleadores.
Deberá responder por qué el ministerio adjudicó el 22 de abril pasado, la licitación por concurso de ofertas “Adquisición de alimentos para personas – Plurianual”, por un valor total de G. 188.867.400, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, cuando que las actividades vinculadas fueron suspendidas el 10 de marzo del 2020.
Tendrá que responder por qué utilizó los fondos destinados al SNPP y Sinafocal para realizar gastos ajenos a los mismos cuando no posee facultades legales para hacerlo; qué le llevó a contratar a seis personas, entre ellas dos profesionales con un sueldo de G. 8.770.000, sin especificación de funciones, otro con cargo profesional de G. 4.500.000 y otros dos salario inferior a los nombrados con cargo de auxiliar y de asistente; por qué se realizaron contrataciones por vía de excepción y no por concurso de méritos.
Herramienta constitucional
El proyecto de resolución se basa en el Art. 193 de la Constitución que dice que “cada Cámara por mayoría absoluta (41 en diputados) podrá citar e interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la Administración Pública, así como directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los de la las empresas de participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades (...)”.