La extitular del ente resultó imputada junto con otras 21 personas, entre ellos 8 funcionarios dependientes de ella y 13 supuestos proveedores.
En la imputación fiscal por presunta lesión de confianza, la fiscala de Delitos Económicos indica que Samudio aprovechó “el justificativo de la excepcionalidad” que habilitaba a la institución pública a no someterse a requisitos, tales como la cantidad de oferentes y el tiempo en que deberán los eventuales oferentes presentar sus ofertas, porque la compra fue directa, por la vía de la excepción por la crisis sanitaria.
Esto posibilitó el perjuicio de G. 114.000.000 en mascarillas N95 que la empresa Solumedic nunca proveyó, según se constató. Asimismo, en cuanto al agua tónica se sobrefacturaron unas 5.000 unidades en un 300% debido a que se hizo el seguimiento y la empresa Agua Bes vendió a G. 1.500 cada botellita que finalmente tuvo un precio inflado de G. 5.000. Allí se dio un daño patrimonial de
G. 20.500.000. En cuanto a ese último ítem se proveyeron 3.000 de las 5.000 pagadas y encima estuvieron sobrefacturadas.
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En el escrito fiscal que Samudio “no solo tendría conocimiento de los precios que se ofertaban en el mercado para la adquisición de agua tónica, sino también que ella, con la colaboración de su director financiero, licenciado Eduardo Miguel Ángel Sánchez López; su jefe del Dpto. de Tesorería, Rodolfo Benítez Sandoval; su jefe de la Sección de Egresos, Óscar Adrián Gómez Rodríguez; su director de la Dirección Operativa de Contrataciones, Félix Marcelo Chávez; el licenciado Roberto Luis Cabrera Narváez y el abogado Miguel Darío Cáceres, integrantes del Comité de Evaluación, habrían posibilitado los procesos administrativos para adjudicar la empresa Solumedic SA, y de esa manera lograr su propósito, a pesar de haber sabido que esa operación le causaría un detrimento al patrimonio de Petropar”. Los funcionarios dependientes de Samudio son responsables de la emisión del Dictamen DOC N° 05/2020 de fecha 17 de marzo del 2020 que daba por acreditado la aplicación del procedimiento por vía de la excepción para este llamado, y con el cual se autorizó la compra directa de mascarillas y agua tónica de un solo oferente que, en este caso, fue la empresa Solumedic SA, representada por Liz Chamorro Ferreira y Víctor Cabañas Fernández.
Esquema de corrupción pública
“Se revelaría la existencia de un esquema de corrupción pública dirigido a la obtención de beneficios patrimoniales indebidos pertenecientes a la institución estatal, que estaría compuesto por los propietarios de las empresas proveedoras y por funcionarios infieles, en sus diferentes funciones y atribuciones, quienes propiciarían los llamados a licitaciones utilizando la vía de la excepción que, como se mencionó, requieren menos requisitos que una contratación normal y emplearían las vías administrativas para favorecer en las licitaciones a empresas cómplices de estos actos de corrupción, que colaborarían en todo el proceso simulado, para otorgarle un ropaje legal y justificar la erogación patrimonial sin una contraprestación efectiva”.