La comisión de Legislación recomienda aprobar con modificaciones el proyecto de ley (del senador cartista Sergio Godoy) que recorta los gastos superfluos y privilegios de funcionarios públicos. Votaron a favor y con modificaciones los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA),
Sebastián Villarejo (PPQ) y Kattya González (PEN). mientras que Celeste Amarilla (PLRA) votó en contra.
Los diputados si bien recomiendan mantener que ningún funcionario supere el salario del presidente de la República (G. 37 millones), incluyen que no superen incluso con las remuneraciones extraordinarias como: salario más otros pagos extras como bonificaciones, gratificaciones, viáticos o ingreso alguno, cualquiera sea su denominación. Modifican que no se contemple el seguro médico privado o la medicina prepaga para la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado y para los miembros de órganos colegiados, así como la provisión de combustibles, salvo su utilización para actos y eventos oficiales y aquellos derivados de su función o cargo.
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La Comisión de Legislación, en su dictamen, pide que se modifique el proyecto de ley para que las entidades estatales y entes binacionales continúan haciendo publicidad en los medios de comunicación pero exclusivamente ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, para publicación de edictos, llamados a licitaciones, concursos de ofertas, o para difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienciación para poner en aviso a la población, así como las que deban realizarlas por el carácter esencial que revisten para sus fines institucionales.
Los viajes
El límite de dos viajes por año se exceptúa además del presidente y del vicepresidente de la República, a la Cancillería, Hacienda, ANDE solo en cuanto respecta a los viajes que corresponden al manejo de Itaipú y Yacyretá y la Secretaría Nacional de Turismo, bajo autorización escrita, pública expresa y fundada; y los titulares de los demás poderes Legislativos y Judicial. Sobre el cobro en la participación de multas por parte de un funcionario de Hacienda o de Aduanas se establece todo un capítulo especial y en vez del recorte total se plantea el cobro del 40% en forma anual.