En un manifiesto expresan que el actuar de la Fiscalía debe desmarcarse de los vaivenes políticos y ser un instrumento que brinde garantía a la ciudadanía, y no evidenciándose ante la opinión pública como un instrumento de los poderes de turno para la persecución de los adversarios políticos.
Califican esta situación como un acto de amedrentamiento hacia la posición política crítica que, como partido de oposición, tiene el PLRA en temas que afectan a la ciudadanía. Señalan que la imputación no hace más que desacreditar el actuar de un órgano de gobierno tan sensible para el estado de derecho, no haciendo esto más que traer viejos tenebrosos recuerdos de la época en que criticar al Gobierno solo tenía un destino: “la cárcel”.
También sostienen que la libertad de expresión y la sana crítica a las autoridades no deben ser acalladas, pues consideran que las mismas hacen a un estado democrático. Exigen el respeto al estado de derecho, a la democracia, por ende, al funcionamiento pleno del PLRA. El pronunciamiento está firmado por Rodrigo Blanco (efrainista), Enrique Mineur (llanista), Pastor Vera Bejarano (bloque C), Jorge Ávalos (PLRA, independiente), entre otros.