Diputados cartistas, abdistas y liberales llanistas, efrainistas e independientes dieron un duro golpe a la transparencia (Ver la galería). Se ratificararon por segunda vez y sancionaron el proyecto de ley que además de restringir la publicidad de las declaraciones juradas, las despenaliza en caso se ser falsas.
El proyecto de ley fue sancionado por 44 votos a favor y 14 votos en contra, este último grupo en su mayoría integrantes de la multibancada conformada por patriaqueridistas, encuentristas, del Partido Hagamos y algunos liberales. También votó el diputado Romero Roa (ANR, Añetete).
Soportan proceso por declaración falsa el senador Javier Zacarías Irún (cartista) y su esposa la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod (ANR, cartista), ambos imputados, entre otros.
Otros políticos procesados por declaraciones falsas son el diputado preso Miguel Cuevas (Añetete) y el exsenador Óscar González Daher (cartista). Otros investigados por declaración falsa son los ministros de Educación Eduardo Petta; de Trabajo Carla Bacigalupo; de Vivienda Dany Durand; de Desarrollo Social Mario Varela, entre otros.
Una de las modificaciones más graves al proyecto de había sido introducida por el diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista), flamante miembro del JEM y abogado “sin matrícula”.
Incorporó a la norma que: “Toda declaración jurada presentada en tiempo y forma es válida, independientemente de si existen omisiones o errores”, lo cual podría beneficiar a los políticos imputados por declaración jurada falsa con una multa por un simple “error administrativo”.
Kattya González (PEN) pidió al postergar el tratamiento considerando que la Corte está a un paso de definir si se publicitan o no las declaraciones juradas de las autoridades.
La norma establece que la declaración jurada presentada ante la Contraloría, es un acto unilateral, del que no derivará sobre proceso alguno, por lo tanto la misma queda exceptuada como testimonio, y no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles. Incluso se determina que toda responsabilidad relativa a las declaraciones juradas ante la Contraloría es de carácter administrativo.