Según señalaron fuentes del Poder Judicial a nuestro diario, Buongermini, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, que integra la Sala Constitucional de la Corte para este caso, pone en “cuarentena” todos los expedientes que recibe porque alega “motivos sanitarios”. La magistrada no toca los expedientes sino hasta 48 horas después de que llegan a su oficina.

La funcionaria recibió el expediente el lunes, pero hasta ayer no lo habría mirado siquiera y con esto se vuelve a retrasar una sentencia definitiva de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría para no cumplir dos sentencias judiciales que obligan a liberar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.

El presidente de la Corte Alberto Martínez Simón había prometido celeridad para resolver el caso, pero otra vez se volvió a frenar.