Tras un extenso debate, finalmente Diputados modificó el proyecto de ley “Godoy” pero exceptuó a los funcionarios de las binacionales del tope salarial. La iniciativa señala que ningún funcionario debe ganar más que el Jefe de Estado (G. 37 millones). Al ser modificado vuelve al Senado.
Por 44 votos a favor, 33 en contra, un voto en blanco y las ausencias de Manuel Trinidad (PLRA, llanista) y Luis Urbieta (ANR, Añetete), la Cámara Baja dio su voto a favor de mantener los “salariazos” en las binacionales, donde muchos legisladores fueron beneficiados de forma directa o indirecta. El diputado Ramón Romero Roa (ANR) fue titular de Itaipú, Celeste Amarilla (PLRA), esposa del extitular de Itaipú, Franklin Boccia (+) y Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) fue funcionario durante 20 años y el privilegio alcanzó a su hija, Natasha.
Los colorados afirmaron que con la aprobación de la norma podrían llover acciones de inconstitucionalidad a la ley. El diputado Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada cartista, dijo que el proyecto del senador Sergio Godoy (ANR, cartista) supuestamente busca favorecería a un bufette de abogados. Los colorados impusieron su mayoría y lograron que el texto base sea de la comisión de Constitucionales. Sin embargo, la propuesta de Legislación planteaba no solo tener en cuenta el salario del Jefe de Estado como tope, sino también incluir los beneficios extras.
Casi 1.600 funcionarios
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El diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista) mencionó que según el reporte de Hacienda solo en noviembre del 2019 un total de 1585 funcionarios del Estado cobraron más que el Presidente de la República. En la cifra no se incluyen a funcionarios de los entes.
Los diputados también eliminaron el límite de viajes al exterior. Tampoco se prohibe el cobro por multas para funcionarios en Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación donde sólo el año pasado se repartieron más de G. 36.000 millones.
En cuanto a publicidad estatal se mantiene la prohibición pero establecen más excepciones ya que solo era para casos de emergencia. Ahora se incluye la publicación de edictos, llamados y otros. Se agregó al proyecto que las autoridades podrán ingresar a la función pública tres asesores, pero cuando cesen de sus funciones ellos también lo harán.