El juez Humberto Otazú intentará realizar una vez más el análisis de la acusación fiscal y definir si eleva o no el caso a juicio oral y público.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera sustentarán la acusación y el pedido de elevación a juicio oral por un supuesto enriquecimiento ilícito de G. 6.000 millones con relación al exsenador colorado, y de G. 51.000 millones más US$ 82.000 con relación a su hijo Óscar González Chaves.

Según los investigadores, la pericia contable definió que existe una inconsistencia, que no concuerda con los depósitos de dinero, en efectivo y en cheques, recibidos en sus cuentas bancarias.

La mayoría de las cuentas bancarias de González Chaves no aparecieron en su declaración jurada ante la Contraloría General, pese que estaba obligado a informar al ser concejal luqueño.

Respecto al lavado de dinero, la pericia contable también determina que la firma Príncipe di Savoia SA no posee cualidades financieras para operar por sí misma, y fue utilizada como fachada por los acusados para adquisición y administración de cuantiosos inmuebles, debido a que fueron analizados movimientos financieros, documentos y legales de la citada firma de fachada.

Los dos acusados estuvieron privados de su libertad durante seis meses, pero lograron arresto domiciliario y permiso para trabajar porque se cumplió el plazo de la pena mínima prevista para el hecho punible.

OGD soporta otro proceso por el caso de los audios del JEM.