La anulación del juicio que llevó adelante la Justicia sobre lo ocurrido en Marina Cue aquel fatídico día se dio sin establecer responsabilidades, más aún sin aclarar nada, luego de un proceso plagado de irregularidades, con sugestiva desaparición de pruebas, entre otras cuestiones.
La pregunta “¿qué pasó en Curuguaty?” quedará sin respuesta, tal vez para siempre.
El episodio sirvió de excusa perfecta para tumbar a un gobierno que se hizo de enemigos poderosos desde el inicio de su gestión.
Una vez creadas las condiciones para la maniobra se procedió apuradamente con el juicio en el Congreso que duró menos de 36 horas y se basó principalmente en cuestionamientos y sospechas sobre la gestión del mandatario, pero sin poder demostrar que constituían un motivo suficiente para la destitución.
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Antes y después de Lugo, otros presidentes acumularon motivos tanto o más graves para ser sometidos a un juicio político. En todos esos casos, la iniciativa no corrió porque no había votos para aprobar la destitución.
Luis Angel González Macchi (1999-2003) llevó al país al default y su presidencia fue un símbolo del vacío de poder y la falta de seriedad.
Su juicio político se presentó en los últimos meses de mandato, más como resultado de una maniobra de un sector colorado para tomar el poder que por preocupación real sobre los intereses nacionales. No hubo votos para destituirlo porque el entonces candidato presidencial de la ANR Nicanor Duarte Frutos maniobró para que así ocurriera.
Horacio Cartes (2013-2018) fue uno de los que más motivos ofreció para ser enjuiciado. Violó de modo flagrante la Constitución al eliminar la reunión de Gabinete de Ministros. Sus antecedentes delictivos y sus repetidas declaraciones vergonzosas afectaron la imagen del Paraguay. Durante su gestión, se sucedieron crímenes políticos y mafiosos, entre ellos el asesinato de 8 militares durante una emboscada en Concepción.
Todo ello coronado con un caso de terrorismo de Estado en 2017, con la violenta irrupción de policías en la sede del PLRA para asesinar a un joven, algo que el mismo Alfredo Stroessner no se atrevió a hacer durante su larga dictadura.
Nada de eso motivó la presentación del juicio político porque Cartes tuvo la astucia y el dinero para evitar la posibilidad de que el proceso pudiese pasar siquiera el filtro de la Cámara de Diputados.
El paso de Cartes por la Presidencia mostró la facilidad con la que, luego de conspirar y tumbar a un gobierno electo por voluntad popular, se podía fabricar un liderazgo ficticio, basado principalmente en la ausencia de institucionalidad del Partido Colorado, cuyos integrantes no dudaron en modificar el estatuto partidario para permitirle ser candidato y mantenerse luego en el poder en base a su poder económico.
La fragilidad institucional sigue vigente en el actual Gobierno y se manifestó cuando el presidente Abdo Benítez vio temblar su sillón presidencial por la amenaza de juicio político ante una acusación de mal desempeño y traición a la patria. No lo salvó su liderazgo y ni siquiera su partido, sino sus vínculos con un sector de la oposición que hicieron que el intento naufragara.
Antes del abrupto final del gobierno de Lugo, hubo en la década del 90 gobiernos tutelados por militares, luego vino el marzo paraguayo sangriento y presidentes no electos que asumieron el mando. Después hubo políticos que no dudaron en pisar la Constitución y atropellar las instituciones para conseguir sus propósitos.
La democracia en Paraguay sigue siendo un proceso en construcción, con enemigos que una y otra vez intentarán someterla a sus intereses y exigirán siempre a la ciudadanía estar alerta.