Las primeras imputaciones llegaron el 29 de enero del 2019. La primera fue por declaración falsa luego de que la Fiscalía detectara que en sus declaraciones juradas de bienes presentadas a la Contraloría General de la República ocultaron datos. Recién después de que los hechos fueron publicados por este diario, Zacarías Irún y Sandra McLeod (ambos cartistas) “corregían” sus declaraciones.
La segunda imputación dada ese día fue solo contra McLeod por el caso Frontera Producciones, donde la Fiscalía constató que G. 1.200 millones del dinero para publicidad de la Comuna, se utilizó para propaganda política cartista para la candidatura de los Zacarías al Congreso y también por el expresidenciable Santiago Peña.
Ese día, la fiscala Josefina Aghemo y el exfiscal René Fernández pidieron también a la Corte reabrir la causa por enriquecimiento ilícito, algo que aún no se resolvió.
El 11 de marzo del 2019 llegaron más imputaciones. Una contra McLeod por lesión de confianza al constatarse que adjudicó varias licitaciones a la empresa MG Distribuidora y Eventos que no tenía siquiera local propio. Ese día, Zacarías fue imputado también por el caso Frontera Producciones como instigador porque ordenaba los pagos.
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A principio de este año, cuando la Fiscalía pidió elevar la imputación a acusación contra el matrimonio ZI-McLeod y sus cómplices por las causas citadas y pedir juicio oral y público, la fiscala Aghemo presentó otra imputación. La misma halló un faltante de G. 3.700 millones de las arcas de Municipalidad de Ciudad del Este. Por este hecho, imputó a Zacarías Irún y su esposa McLeod.