Hace unos días los ediles, encabezados por el colorado Melchor Medina, incluso acercaron más pruebas al expediente en la Fiscalía, pero la fiscala Sandra Quiñónez sigue sin designar a un agente para la investigación. Al contralor Camilo Benítez urgieron que mande realizar una auditoría a la municipalidad, incluso desde el 2016.

El ejecutivo municipal fue denunciado por estafa, lesión de confianza y producción y uso de documento no auténtico. Puntualmente es responsabilizado por la clonación de facturas, por malversar el fondo educativo blindado del Fonacide en gastos rígidos (salarios); por la sobrefacturación de obras y por supuestas irregularidades en numerosas licitaciones.

Concejales opositores indicaron que el balance del 2019 de Larré fue rechazado, sin embargo, tras el veto del intendente, no pudieron volver a reunir los votos necesarios para ratificar la postura. Paralelamente Larré ofreció abrir la Intendencia a una auditoría de la Contraloría General de la República para así frenar las protestas.

En diálogos anteriores, el intendente manifestó su predisposición y apertura a una eventual investigación porque dice no tener nada que ocultar.

Agregó que detrás de toda las movilizaciones ciudadanas y reclamos en su contra existe una “cuestión política” de parte de personas que “buscan llegar a la Intendencia por la ventana quebrantando la voluntad popular”.