La publicación de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República permitió revelar lo que era un secreto a voces: numerosos funcionarios de importantes cargos juntaron millones, gracias a los puestos públicos que ocuparon.
Entre esos altos funcionarios aparecen varios ministros y exministros de la Corte Suprema de Justicia.
Más de uno duplicó su patrimonio mientras ocupó una silla en la máxima instancia judicial.
Por ejemplo, el ministro Antonio Fretes, quien lleva casi dos décadas en el cargo, pasó de declarar G. 800 millones en 2010 a tener un patrimonio de G. 3.000 millones en 2016. Es decir, casi cuadruplicó sus bienes en solo seis años.
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Camionetas de lujo, casas en barrios residenciales, estancias y hasta departamentos en la playa forman parte de la larga lista de bienes que declararon varios de los que pasaron por el máximo tribunal.
Los documentos publicados esta semana por la Contraloría General de la República para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema revelaron un denominador común entre varios de los ministros más antiguos: no presentaban actualizaciones de sus declaraciones juradas.
Algunos como Miguel Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser o Alicia Pucheta no presentaron dichas actualizaciones de sus declaraciones juradas durante años.
Cumpliendo la ley que deberían custodiar, a su antojo presentaban escritos ante la Contraloría General en los que aseguraban que sus patrimonios no habían variado o para declarar ventas de inmuebles o accesos a créditos.
Es decir, los miembros de la máxima instancia judicial cumplían a su manera y a su antojo la obligación constitucional de presentar declaraciones juradas, según lo revelan los documentos que ellos mismos llenaron. En algunos casos, los formularios quedaron tan desactualizados que los exministros decían tener patrimonios que estaban por debajo a las cifras que movían en un solo día a través de sus cuentas bancarias.
Varios de ellos fueron cuestionados en numerosas oportunidades y algunos hasta tienen denuncias penales por supuestos hechos de coima.
Estos eran (siguen siendo) los administradores de nuestra justicia.