Entre sus principales activos hizo figurar 3 inmuebles en el distrito San Roque (Asunción), Lambaré y San Lorenzo.
Además, afirmaba poseer 180 acciones con un valor total de G. 1.800.000.000 en la Ganadera Santa Arsenia SA y entre sus principales egresos figuraba una deuda a un particular, Pablo Martín Pfannel por US$ 50.000, que al tipo de cambio promedio de la época más otros créditos con casas financieras consistía en unos G. 132 millones.
Para el 2000, cuando juró como fiscal general, sumó otros dos inmuebles en San Bernardino, declaró la suma en efectivo de US$ 50.000 y una cuenta a cobrar por “honorarios regulados judicialmente” por unos G. 800.000.000. Llama la atención que incluso con semejante monto en efectivo, desapareció su deuda con Pfannel.
A sus acciones en Santa Arsenia, añadió 400 acciones integradas en un 20% en la Ganadera Pacurí.
De esta manera, a su ingreso a la Fiscalía General del Estado, el mismo declaró un patrimonio neto de G. 3.594.900.000.
Es llamativo que al culminar su mandato en la Fiscalía volvió a incluir una deuda con su prestamista Pfannel, que ahora ascendía a US$ 38.000 dólares.
Otro punto llamativo es que incluso durante su gestión tuvo la “donación” de un terreno valuado en G. 210.000.000, que según argumentó se lo dio a su esposa una familiar de esta.
Algo que también hizo “reducir” su patrimonio neto es que ya no figuraban sus acciones en la ganadera Santa Arsenia, conservando solamente unas 200 acciones en la ganadera Pacurí. Latorre nunca declaró tener cuentas bancarias, aunque de vuelta dijo tener unos G. 38.000.000 en efectivo.
También el rubro que declaró en concepto de “créditos a cobrar por honorarios regulados judicialmente” ascendió a G. 100 millones, sin que se especificase si dicho aumento correspondía a intereses o a nuevos servicios.
Cabe recordar que desde el 2000 está vigente la actual Ley Orgánica del Ministerio Público que indica que el cargo de fiscal general es incompatible con “el ejercicio de la abogacía en todas sus formas y la función notarial”.