Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal 2ª Sala, revocaron el arresto del procesado por lesión de confianza en el caso “tapabocas de oro”. En este caso también fuer imputada su pareja, Katherine Pamela Toñánez, propietaria de la firma “Proyectos Global SA”. Igualmente, Édgar Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y otros cuatro funcionarios.

Para Servín y Fernández, persisten el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación penal, a pesar de que Franco Vargas ya haya devuelto los G. 119 millones del contrato irregular con la Dinac, mediante de la cual su firma proveyó unos 4.000 barbijos, a un precio de G. 29.900 cada uno, bajo la excusa que era para prevenir la pandemia de covid-19.

Voto en disidencia

Por su parte, el camarista Cristóbal Sánchez votó por ratificar la medida cautelar de arresto domiciliario para el procesado, ordenado por la jueza Cynthia Lovera, el pasado 12 de mayo.

El magistrado argumentó que hasta la fecha, Franco Vargas cumplió con todas las medidas impuestas y que, aún existiendo los peligros de fuga y de obstrucción, éstas pueden ser prevenidas con medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

“Las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, no deben considerarse como una impunidad, ya que el proceso seguirá su curso hasta llegar a una solución definitiva”, puntualizó Sánchez.

Toñánez seguirá con medidas sustitutivas atendiendo que la joven dio a luz hace pocos meses, motivo por el cual los fiscales no cuestionaron la medida.