Los activistas civiles dijeron que temen que se cometan abusos contra civiles durante la misión conjunta y apuntaron al asentamiento Tacuatí Poty como uno de los principales puntos afectados por los allanamientos “al margen de la ley”.

Dicho asentamiento es señalado justamente por la Policía y las Fuerzas Armadas como el principal bastión del EPP, donde opera la célula que planificó y ejecutó el asesinato de Luis Lindstron. De hecho, dos pobladores locales se encuentran presos e imputados por el caso y otros cuatro permanecen prófugos.

El teniente coronel José Benítez, comandante del destacamento, respondió a los visitantes que no tienen nada que ocultar y que como profesionales se regirán por las disposiciones legales vigentes, a la hora de ejecutar operaciones contra la sociedad civil.