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Activistas denuncian retroceso en DD.HH.

Este artículo tiene 13 años de antigüedad

Ayer de siesta, una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) visitó el destacamento de Tacuatí Poty, a raíz de que consideran que la modificación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna del país “significó un retroceso en el proceso democrático”.

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Los activistas civiles dijeron que temen que se cometan abusos contra civiles durante la misión conjunta y apuntaron al asentamiento Tacuatí Poty como uno de los principales puntos afectados por los allanamientos “al margen de la ley”.

Dicho asentamiento es señalado justamente por la Policía y las Fuerzas Armadas como el principal bastión del EPP, donde opera la célula que planificó y ejecutó el asesinato de Luis Lindstron. De hecho, dos pobladores locales se encuentran presos e imputados por el caso y otros cuatro permanecen prófugos.

El teniente coronel José Benítez, comandante del destacamento, respondió a los visitantes que no tienen nada que ocultar y que como profesionales se regirán por las disposiciones legales vigentes, a la hora de ejecutar operaciones contra la sociedad civil.

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