La ratificación y ampliación de la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el exsecretario del legislador, Narciso Casado Ruiz Díaz, patrocinado por los abogados Nelson Chávez y Silvio Delvalle.
La primera vez, Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí) fue acusado de estafa, cobro indebido de salarios, nepotismo y tráfico de influencias para ubicar en la función pública a más de 100 parientes y recomendados, sin concurso, cuando ocupó la titularidad del JEM entre 2011 y 2013.
En su ratificación, Ruiz Díaz afirma que el legislador también montó una red de recaudación de coimas en dólares y guaraníes, presuntamente pagadas por jueces y fiscales.
El otrora empleado de confianza del parlamentario señaló que periódicamente se depositaban de G. 10 a G. 20 millones en numerosas cuentas y que el legislador lo enviada a las financieras y casas de cambio cercanas a la entidad.
Ruiz Díaz, quien decidió denunciar estas irregularidades después de perder su empleo, involucró además a la esposa del parlamentario, Mirian Raquel Oviedo de Ávalos, por recibir doble remuneración estatal en la Contraloría y en Itaipú, lo que considera una violación a la Constitución (Art. 105).
Incluyó también en su denuncia al asistente del parlamentario, Aldo Gabriel Virgil Egusquiza, de falsificar firmas de su empleador, con la anuencia de este, para traslados de funcionarios del JEM al Congreso.
Actualmente, la causa se encuentra siendo investigada por la Fiscala Silvia Cabrera, expediente 142/2013, indicaron los denunciantes en nuestra redacción.
Ávalos Mariño ha ubicado a cientos de recomendados en la función pública, según documentos a los que accedió nuestro diario.
Sin embargo, es difícil que un fiscal se anime a investigarlo, dado que fue presidente del JEM y actualmente es representante de la Cámara Baja ante el ente, lo cual le facilita impunidad.
En su descargo, el legislador afirma que se pone a disposición de la Fiscalía; que cuenta con documentos que prueban su inocencia y que sufre una persecución política.