El comunicado a la opinión pública del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” destaca que la primacía del derecho constituye la principal garantía que posee todo Estado para la defensa de sus derechos e intereses en sus relaciones internacionales.
Señalan que la seguridad jurídica es un requisito indispensable para la debida ejecución de todo proyecto de integración regional.
El documento, que lleva a la firma de Iván Acuña, presidente del Ceduc, y Fabiana Bordón, secretaria general, apunta que aceptar la supremacía de circunstancias político-económicas sobre el marco jurídico establecido sentará un grave antecedente para el Paraguay, colocándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a los otros Estados, especialmente con respecto a los grandes países de la región.
El comunicado hace también referencia a expresiones del presidente de la República, Horacio Cartes, sosteniendo que el mero transcurso del tiempo o decisiones políticas posteriores no restablecen de por sí el imperio del derecho. Puntualizan que el derecho concerniente, internacional y nacional, debe ser respetado y cumplido tal como se ha acordado.
Nulidad absoluta
Apuntan asimismo que los actos jurídicos nulos, de nulidad absoluta, no pueden ser convalidados, es decir, son insanables. Indican luego que la igualdad jurídica entre los Estados, establecida en el artículo 143 de la Constitución Nacional, es un principio adoptado por la República del Paraguay en sus relaciones internacionales. Del mismo modo, señalan, el Mercosur, conforme lo dispone el artículo 2 de su tratado constitutivo, firmado en Asunción, está fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados parte.
En las conclusiones del documento, elaborado tras una Asamblea Extraordinaria el 11 de diciembre pasado, destacan que el derecho, en virtud del principio “pacta sunt servanda” (lo pactado obliga) es el medio más importante con el que cuenta nuestro país para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses en las relaciones con los demás Estados. Los estudiantes ratifican también su postura del 2 de julio de 2012 de condenar la arbitraria sanción impuesta al Paraguay, por ser violatoria del Art. 4 del Protocolo de Compromiso Democrático del Mercosur.