La empresa de Seguridad Inteligencia y Tecnología (SIT) empezó a operar en Diputados desde el 2011, durante la administración del colorado Víctor Bogado (imputado). Posteriormente fue contratada durante la presidencia de Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez (PLRA) y en los tres años de la administración de Hugo Velázquez (ANR, disidente).
El 27 de diciembre del 2016, la administración de Velázquez firmó un contrato de dos años con la empresa de seguridad y vigilancia que tenía una vigencia hasta diciembre del 2017. En el contrato se establecía un pago mensual de G. 110 millones, G. 1.320 millones anuales y al cierre del contrato totalizaba una erogación de G. 2.640 millones.
Alliana, a través de una mayoría se impuso como titular de Diputados y desplazó a Velázquez, cuyo mandato debía culminar el 31 de julio del 2018. A un poco más de dos meses de haber asumido, Alliana resuelve rescindir varios contratos avalados durante la administración de Velázquez, dando a entender que existieron irregularidades. Esta semana denunció que por tres funcionarios del SIT que controlaban el ingreso de diputados y funcionarios, con equipos adquiridos por la Cámara de Diputados, se destinaban G. 110 millones mensuales y que el millonario contrato “era el negocio de algunos amigos”. Agregó que no solo se trataba de mostrar la fuerza política, sino que también existían “algunas cosas raras” que no quiso revelar.
El dictamen firmado por Gilberto Coronel, director de la Unidad Operativa de Contrataciones de Diputados, describe que la mayoría de las cámaras, equipos de scanner, detectores de metales no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento. Alliana expresó que el dinero a ser ahorrado servirá para cubrir el déficit que dejó la administración anterior como pago de salarios de más de G. 1.000 millones para funcionarios.
Versión
Hugo Velázquez negó que exista un negociado de por medio y mencionó que no podía prescindir de los servicios de la empresa luego de que él y el entonces titular del Senado, Blas Llano (PLRA), recibieran una alerta de la Policía de que el Congreso iba a ser atacado por el EPP.