González, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y candidata a diputada de Central por el PEN, dijo que aunque el proceso sea pasible de nulidad, por violentar la Constitución en su Art. 269, obstáculos como definir qué sector impulse la acción; la complicidad de la Corte y la falta de reacción ciudadana detendrían cualquier iniciativa.
“Vemos nuevamente la torpeza de una clase política, que blandiendo la escusa de tener mayorías coyunturales, violentan la Constitución y otros reglamentos”, aseveró.
Dijo esto en alusión a que no hubo decreto de nombramiento del Poder Ejecutivo antes que el Senado tome juramento de Quiñónez como fiscala general. Subrayó que este documento debía formalizar el acuerdo constitucional.
En dicho contexto lamentó que una vez más, los legisladores, quienes deberían ser custodios de la Constitución, violentan normas y con sus mayorías sientan peligrosos precedentes inconstitucionales.
Con la Corte sería igual
Agregó que lo más preocupante es que en un futuro cercano se tendrán tres cargos vacantes entre los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. “¿Vamos a seguir manejándonos así. Haciendo lo que quieren?”, se cuestionó la abogada.
González atribuyó el incumplimiento de las formalidades a la actitud de los senadores de “Caníbales políticos” que actúan creyendo que deben satisfacer sus apetencias personales “en menos de 24 horas” ante los vaivenes de los acuerdos y traiciones entre bloques. “Todo lo que hacen está pegado con chicle”, lamentó.
En otro punto dijo que ojalá que la ciudadanía tome conciencia de lo malo y lamentable que es vivir en un país con un Parlamento que siempre esté violentando la Constitución.
Finalmente González señaló que independientemente a las cuestiones formales, la cuestión de fondo es que Sandra Quiñónez no tiene el perfil para sacar al Ministerio Público de la crisis en que se encuentra.
Indicó también que la cuestionada funcionaria carece del liderazgo necesario para hacer que la ciudadanía se sienta representada en la Fiscalía.