Bestard afirmó que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público y que necesariamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe trabajar con estas agrupaciones y firmar convenios.
Así también, negó que la entidad solo divulgue la lista de funcionarios “permanentes” comisionados a otras entidades mientras miles de jornaleros “contratados” cumplen el mismo propósito en forma secreta.
Destacó que su administración tiene una política de reducción y subrayó que en enero no le renovaron contratos a 1.407 personas.
Así también, anunció que reducirán personal en las oficinas distritales. A modo de ejemplo recordó que la sede de Luque tiene 226 personas de las cuales 190 son permanentes con estabilidad.
Actualmente el TSJE tiene 4.500 permanentes y 2.500 contratados. Recordó que en 2010 la institución llegó a tener 19.500 contratados producto de la degeneración del sistema de control mutuo partidario.
Culpan a Liliana
Por otro lado, Bestard buscó ratificar que el cobro irregular de viáticos en “viajes fantasmas”, por el que es investigada su colega María Elena Wapenka y sus colegas, es culpa de la exadministradora del TSJE, Liliana Benítez, esposa del gobernador de Itapúa Luis Gneiting (ANR).
Bestard sostiene que Liliana Benítez usaba otros rubros para completar salarios oficiales.