El 22 de mayo de 2006, la Contraloría General de la República, por nota Nº 2604, firmada por el entonces contralor Octavio Augusto Airaldi, sentó postura con referencia a la ampliación de contratos de concesión de juegos de azar sin llamar a una licitación pública.
En el documento se puede leer lo siguiente: “...debe recordarse la imposibilidad de prever prórrogas en virtud a lo establecido en el Art. 20 del cuerpo legal que establece el régimen jurídico en la materia” (negritas son nuestras).
Resulta absolutamente clara la posición de la Contraloría General de la República: no se pueden conceder prórrogas porque viola la Ley 1016/97.
Sin embargo, se puede tener la impresión de que la coherencia no es virtud del entonces contralor Octavio Augusto Airaldi: el 26 de octubre de 2007 dijo exactamente lo contrario.
En la nota 6547/07 se lee lo siguiente: “...por lo que este organismo superior de control considera viable la concesión de la prórroga solicitada” (negritas son nuestras).
Violación de la ley
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es responsable de violar la Ley 1016/97 que obliga a llamar cada cinco a una licitación para la explotación de juegos de azar.
Y justifica la ilegalidad de sus resoluciones con dictámenes que son nulos como es el caso del documento firmado por Octavio Augusto Airaldi, excontralor general de la República.
Entre mayo de 2006 y octubre de 2007 hay poco más de un año, tiempo muy breve para mantener una postura absolutamente contradictoria.
El Ministerio Público debería investigar la posibilidad de enriquecimiento ilícito por parte de Octavio Augusto Airaldi.
La Abogacía del Tesoro, por su parte, sentó postura en contra de las prórrogas en favor del Casino de Asunción. El dictamen Nº 131 del 12 de febrero de 2010 rechaza las ampliaciones de contrato que favorecen al Casino de Asunción.
Violando la ley, el Casino de Asunción tiene la concesión hasta el 2026.
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