“Si se impide que la Comisión reciba estos apoyos, nos preocupa que se propicie el estrangulamiento financiero de la Comisión” , dijo Orozco en una conferencia de prensa en Washington. La CIDH aprobó el pasado lunes la reforma de su propio reglamento, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, y el borrador de resolución que se prevé que debatan los cancilleres esta mañana “toma nota” de ese documento, dando un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.
El principal punto es la forma de financiar la Comisión y sus relatorías, sobre todo en la posibilidad de que se les atribuyan fondos con fines dirigidos a proyectos concretos, lo que rechazan Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Ecuador defiende que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros, lo que elimina la posibilidad de que busque fondos fuera de ese esquema, por ejemplo en la Unión Europea (UE), que financia hoy una buena parte de las actividades de la Comisión.
Otra de las ideas que debatirán los cancilleres es la de convertir a las otras siete relatorías de la CIDH en especiales, es decir, otorgarles el mismo rango que la de Libertad de Expresión y encargarlas a una persona a tiempo completo.
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En el borrador de resolución que se debatirá hoy en la OEA se indica que esa medida debe producirse sobre la base de un financiamiento adecuado, es decir, siempre que los Estados miembros aumenten sus aportaciones.
La CIDH apoya la idea de que todas sus relatorías puedan tener un mandato permanente y desea que los Estados aumenten sus fondos, pero no en detrimento de otras áreas, como el sistema de casos.
