J. AUGUSTO SALDÍVAR (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El titular de la Comuna de Ypané y su administradora, Horacio Ortiz y Elva Corvalán, ofrecieron ayer como fianza la suma de 4.000 millones de guaraníes para levantar la orden de prisión que pesaba sobre ambos, por orden de la fiscala Brígida Aguilar, quien después se apartó del caso debido a que, según afirmó, no existe seguridad para ella considerando que recibió amenazas.

Los citados procesados llegaron ayer cerca de las 10:00 ante el juez en lo civil y comercial Roberto Saldívar, mientras que frente al juzgado se manifestaban los vecinos. Un grupo apoyaba a Ortiz y el otro exigía la cárcel para los imputados.

“Ofrecí como fianza dos propiedades y una casa por valor de 1.900 millones de guaraníes y la administradora un inmueble de 9 hectáreas en la ciudad de Itá, por valor de 2.000 millones de guaraníes, el abogado 100 millones de guaraníes, el juez aceptó y nos dio la libertad ambulatoria”, dijo el jefe comunal.

Calificó de justa la resolución judicial, que además de la fianza prohíbe a los procesados ingresar a la Municipalidad. Se prohibió a ambos salir del país y tienen que presentarse los primeros días de cada mes para firmar el libro en el juzgado.

Ortiz insistió ayer en que todo se trata de una persecución política y que no se presentó para cumplir la orden de detención por falta de garantías. Estuvo en la ciudad trabajando en las comunidades, refirió.

Fondos “recuperados”

Con relación a las computadoras que fueron sobrefacturadas, dijo que las diferencias fueron recuperadas por la Comuna íntegramente. Su administración compró 27 computadoras de SD Ingeniería y por cada una pagó G. 4.450.000, cuando que el precio, según la Contraloría, era de solo de G. 1.700.000 por unidad.

Al ser consultado sobre el pago de sueldos y aguinaldos con recursos del Fonacide, dijo que la Comuna tenía problemas económicos y debía atender a damnificados. Su abogado, Álvaro Arias, señaló que acepta la mencionada medida judicial, pero que no comparte la determinación de prohibirles el acceso a la Municipalidad a los dos imputados. En ocho días pedirán revisar la medida, expresó el jurista.

El intendente indicó que instalará una mesa en los alrededores de la Comuna o en alguna plaza pública para atender a la gente y firmar documentos de la institución. Un grupo calificó de injusta la resolución que favorece a Ortiz y pidió a este que devuelva el dinero.

Resolución “descabellada”

La fiscala Brígida Aguilar, que investigó hasta ayer el supuesto faltante de G. 1.700 millones, calificó de descabellada la resolución del juzgado y acusó al magistrado Roberto Saldívar de obstruir la investigación con su decisión de otorgarle la libertad al intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA). Esa resolución “desmotiva para seguir con este proceso”, dijo. Anoche confirmó que se apartó del caso porque considera que no hay garantías de seguridad para preservar una investigación justa, y además hace algunos días fue amenazada por teléfono. Según algunas versiones, la agente Aguilar ayer se reunió con el fiscal general Javier Díaz, aparentemente convocada por él.