Ovelar, vicepresidente de la comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, recordó que la semana pasada solicitó la postergación del estudio de la ley de extinción de dominio, porque funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) pidieron una reunión para el próximo miércoles, a fin de incorporar algunos puntos.
Los cambios se refieren a un acuerdo firmado por la Senad y la OEA para la implementación en nuestro país del Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (Bidal).
Ovelar puntualizó que ese proyecto es básicamente un manual de “buenos procedimientos” para los funcionarios en relación con la administración de los bienes de personas acusadas de narcotráfico.
Destacó que básicamente, en la reunión del miércoles analizarán si hay alguna incompatibilidad entre estas recomendaciones del proyecto Bidal y el proyecto de ley que se estudiará el jueves.
El diputado adelantó que también incorporarán una “adenda” al proyecto sobre el recurso de revisión que podrán presentar las personas a cuyos bienes se les plantea aplicar la ley de extinción de dominio.
Respecto a los cuestionamientos que hubo sobre el proyecto por la presunta aplicación retroactiva de la ley, indicó que se eliminó el artículo en cuestión.
En cuanto a la versión de que la normativa habilitaba a la Justicia a la confiscación de los bienes, Ovelar señaló que se dejó en claro que no existe esa posibilidad y que la designación de un administrador es solamente temporal hasta tanto termine el juicio a los acusados y para evitar el deterioro o robo de los bienes.
También precisó que se dispuso que no todos los juicios de narcotráfico pasarán a juzgados de la Capital sino solamente aquellos que involucren grandes volúmenes de droga.
Ovelar dijo confiar en que la ley será aprobada en la sesión ordinaria del próximo jueves, dado que será un instrumento útil en el combate al narcotráfico y hay conciencia respecto a eso de parte de la mayoría de sus colegas.
Intervención sobre bienes
La ley de extinción de dominio, que permitirá a la Justicia a intervenir sobre los bienes de los acusados por narcotráfico, fue impulsada por el Poder Ejecutivo, en el marco de la reunión de representantes de los tres poderes, como un elemento para la lucha contra el narcotráfico. La normativa venía siendo estudiada en la Cámara de Diputados, con base en un proyecto presentado por el diputado Éber Ovelar. El asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada aceleró el estudio de la ley. No obstante, recién el año próximo sería confirmada su sanción en el Senado.