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Tras los comicios municipales de 2015, los partidos debían transparentar y justificar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el uso del dinero de los contribuyentes que reciben como aporte y subsidio estatal. Pero la primera aplicación de la Ley N° 4743/12 arrojó todo tipo de irregularidades y pagos injustificados ante los cuales la Justicia Electoral, presidida por Jaime Bestard (ANR), cedió.
Los administradores de campañas presentaron recibos comunes sin valor legal, pagos por “peluquería”, “batucadas” y reparaciones mecánicas. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pagó G. 282.500.000 al asesor brasilero Airton Pissetti y busca la reposición del Estado. El TSJE anunció que debido al incumplimiento de la normativa, las agrupaciones recibirán el aporte pero con un descuento del 40%.
Edmundo Rolón, titular de la Comisión de Financiamiento Político del TSJE, dijo que con los descuentos buscan demostrar que acabó la era del “cheque en blanco”, que rige hace 19 años.
Anunció que el 2016 será el único año en que cederán al incumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento. Subrayó que aunque la gente esté indignada, ahora estas irregularidades sí salen a luz. “Un partido que no tiene la capacidad de rendir cuentas cómo va a administrar algo mucho más grande como una ciudad, un departamento o un país”, preguntó. Pero ante el pedido de que el dinero estatal deje de solventar el gasto político, Rolón aseguró que una decisión como esta solo empeoraría la corrupción política. “En todos los sistemas democráticos se requiere un financiamiento público”, dijo.
Agregó que el financiamiento privado corrompe aún más, crearía “mecenazgo”, narcopolíticos y los “dueños” de partidos. Subrayó que estos, a su vez, después reclamarán leyes para su beneficio, licitaciones amañadas y incluso la pérdida de la soberanía cuando el capital es extranjero.
El aporte es el pago anual que el Estado distribuye a partidos por cada voto (G. 7.397) por cargos legislativos. El subsidio es el pago que el Estado hace a partidos por el gasto en cada elección. Es el 15% del jornal mínimo (G. 10.523) por cada voto.