El Decreto número 1796 del Poder Ejecutivo menciona la necesidad de una política criminal que haga frente a las nuevas formas de criminalidad y dar prioridad a la prevención de los hechos punibles. Eso obliga a replantear las funciones del Ministerio de Justicia, cuya titular es Sheila Abed, puesto que se pretende generar políticas públicas tendientes a profundizar el desarrollo de programas de prevención de delitos y crímenes; desarrollar estrategias que optimicen el tratamiento de las personas privadas de libertad para el logro del fin de la pena.

Señala que es pertinente la reestructuración orgánica y funcional del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos (a cargo de Éver Martínez), a fin de establecer de manera clara sus funciones y atribuciones, por lo que recalca la necesidad de la creación del Viceministerio de Política Criminal a los efectos de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de prevención y reinserción, política penitenciaria, política penal juvenil y justicia restaurativa.

El decreto también menciona que la reforma penitenciaria debe enfocarse con el objetivo de brindar, en primer término, una mejor calidad de vida a las personas privadas de libertad y elaborar políticas tendientes a lograr la efectiva reinserción social.

Por Decreto número 1803 del 20 de junio pasado, el Poder Ejecutivo nombra a Carla Adriana Bacigalupo Planás como viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Hasta hace unos días, Bacigalupo Planás ocupaba el cargo de directora jurídica del Ministerio de Justicia.

Nueva estructura

La actual estructura del Ministerio de Justicia integran: ministro, viceministerio de Justicia, viceministerio de Política Criminal, Dirección General del Registro del Estado Civil, Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, y Comisión Nacional de Codificación.