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La admisibilidad del caso ante la CIDH se dio el 30 de octubre de 2008. El informe de fondo 100/17 de la CIDH se dio el 5 de setiembre de 2017 y concluyó que el Estado es responsable de la violación del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Además le encontró responsable al Estado de la violación de las convenciones interamericanas contra la tortura y la desaparición forzada. El informe 100/17 recomendó al Estado indemnizar a Arrom, Martí y familiares, además de proveerles asistencia médica y psicológica. También recomendó reabrir y completar la investigación penal para sancionar a los responsables de estos hechos.
El Estado rechazó las recomendaciones y el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, el 12 de diciembre de 2017.
En su escrito autónomo de demanda Arrom, Martí y familiares solicitaron, además de las medidas ya solicitadas por la Comisión la suma de US$ 63.075.000.
La demanda fue contestada por el Estado el 14 de agosto de 2018. El 7 de febrero de 2019 serán las audiencias públicas para recibir testimonios y presentar alegatos finales orales.
El procurador dijo que preocupa que la causa lleve 16 años y que “por supuesta economía procesal” se previó al Estado “la participación de nuestros testigos”. “Al Estado para defenderse nos dieron menos de seis meses y con ferias de por medio. No hay igualdad procesal, es terrible”, lamentó.