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Un grupo de 10 funcionarios de la Justicia Electoral, encabezados por Gustavo Alberto Figueroa denunciaron supuestas irregularidades cometidas por dos comisiones directivas.
La denuncia se formula en contra de Óscar Darío Cáceres, extitular de la Afunje electo en el 2010 y Claudio Herreros, exmiembro. De la otra administración acusan a Norma Ibarra, expresidenta de la Afunje electa en el 2012; a Leticia González miembro extitular y a Cynthia Figueredo, extesorera.
La Asociación fue constituida en el año 1999. Los denunciantes mencionan la inexistencia de registros contables, ningún límite de créditos de cada socio y antecedentes de deudas. Además, de no determinarse montos, ni plazos para otorgar créditos.
Afirman que durante la administración de Óscar Cáceres se había contratado a una consultora para realizar una auditoría externa, pero que los resultados nunca fueron dados a conocer. Tras ese hecho afirman que llamativamente por resolución del TSJE 50/12 se resolvió la designación como interventor al propio superintendente de la Justicia Electoral, Modesto Núñez.
Añaden que si bien en la verificación de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 se detectaron deficiencias y medidas para ser corregidas, las mismas nunca fueron ejecutadas.
En julio del 2012, el interventor convocó a autoridades de la Afunje. Allí fue designada como titular Norma Ibarra y la nueva comisión directiva. Como hecho irregular señalan que la misma había realizado un préstamo de G. 250 millones, pero obligándose la suma de G. 500 millones, según pagaré, generando la descapitalización de la asociación.
En la denuncia señalan que los documentos sustentatorios de ingresos evidencian que los préstamos a los funcionarios contratados de la Justicia Electoral eran una práctica perversa y constante, violando los estatutos sociales.
Mencionan que se realizaba el descuento discriminado a los socios de hasta el 100% de sus salarios en los meses de agosto, setiembre y octubre del 2012 arrojando más de G. 1.100 millones. Agregan que si bien los socios saldaron sus deudas y habían presentado el extracto a la administración del TSJE y Afunje, los bancos y financieras desconocían los pagos apareciendo como supuestos morosos, causando hasta la fecha irreparables daños patrimoniales.
Versión
Ibarra dio su versión y reconoció que hicieron el préstamo para pagar deudas. Afirmó que con la auditoría revelaron que el faltante era cinco veces más y que tras una asamblea de socios donde revelaron el resultado de la consultora decidieron la quiebra de la asociación.