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Denuncian irregularidad en uso de dinero del Fonacide

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público indicio de hecho punible por perjuicio de más de G. 54 millones a la Municipalidad de San Miguel, Misiones, en construcción de obras en locales escolares con dinero del Fonacide, en el año 2015. Corresponde a la gestión del ahora exintendente Venancio Díaz Escobar (ANR).

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El 28 de julio de 2015 la Municipalidad contrató a la firma AB Construcciones, representada por Aníbal Benítez Román, para construcción de aula en la Escuela Básica N° 5334 Hna. María Mercedes Mainero de Jhugua-Arazapé. Técnicos de la CGR inspeccionaron las obras y encontraron deficiente fiscalización de la Comuna, diferencias entre cantidades de obras pagadas y las realmente ejecutadas. El perjuicio patrimonial fue de G. 17.700.353.

El 27 de agosto de 2015 la Municipalidad de San Miguel contrató a la firma “Torres Linares Ingeniería”, representada por Hugo A. Torres Linares, para construcción de baño sexado en el Colegio Nacional Ysypo. Las obras fueron verificadas por auditores de la CGR. Encontraron deficiente fiscalización, incumplimiento de especificaciones técnicas y diferencias entre cantidad de obras pagadas y las realmente ejecutadas. El perjuicio patrimonial, según CGR, fue de G. 15.864.738.

El 7 de mayo de 2015 la Comuna sanmiguelina contrató a la firma “Materiales de Construcción San Miguel”, para construcción de baño sexado en el Colegio Nacional Mons. Gabino Rojas, de Arazapé. Los auditores de Contraloría que verificaron las obras encontraron las mismas deficiencias que en anteriores casos, pero en este caso con un atraso de 108 días. El perjuicio patrimonial fue de G. 12.200.545.

El 7 de mayo de 2015 la Comuna contrató a la firma “Gama Construcciones” para construir baño sexado en la Escuela Básica N° 5331 San Rafael Arcángel de Ysypo Potrero. CGR constató deficiente fiscalización de las obras y diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. El perjuicio fue de G. 8.466.104.

El órgano contralor pide al Ministerio Público analizar los documentos y determinar si se cometió ilegalidad.

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